Gianni Lambertini, Tesorero General de la República, es la peor pesadilla del doctor René Orozco y los dirigentes del Club Universidad de Chile. El equipo debe 4 mil 500 millones de pesos al Fisco y Lambertini, el hombre encargado de los cobros del Estado, les dio dos alternativas el año pasado: el embargo de la Ciudad Azul, el sueño de Orozco, o solicitar la quiebra del club. Lambertini no quiere saber nada de excusas ni concesiones; quiere simplemente las cuentas en orden. Su celo es un buen ejemplo de tolerancia cero frente al tema tributario, uno de los ejes del gobierno de Ricardo Lagos para, en teoría, hacer de este país una
nación más equitativa. Cuando ese club deportivo le pidió analizar su situación con buena voluntad, la respuesta de Lambertini fue drástica y certera: la Universidad de Chile, dijo, debía responder al Fisco
"como cualquier ciudadano, con sus obligaciones y derechos". En diciembre de 2001, sin embargo, el mismo y severo Lambertini firmó el más sorprendente perdonazo tributario de la historia de los últimos años. Alrededor de dos millones de deudas (de personas y empresas) fueron declaradas prescritas, borradas del sistema. Lambertini actuó en el marco de la ley. Una norma aprobada por el Congreso ese mismo año, lo autorizó a declarar prescritas las deudas "por oficio", o sea, ante sí, sin (en teoría) pedirle autorización a
nadie. Pero esa misma ley, seguramente tomando en cuenta el enorme poder que daba al Tesorero, le hacía un alcance: ojo señor Tesorero, antes de perdonar al deudor, usted tiene que hacer lo imposible porque pague. Por algo el nombre de la ley: "Normas para Combatir la Evasión Tributaria". Y aquí está el problema de Lambertini. La gruesa contradicción. Según un informe realizado por la Contraloría General en noviembre del año pasado (informe Nº 216/2003) al que Plan B tuvo acceso, la Tesorería declaró prescritas deudas tributarias que suman 264 mil millones de pesos. Eso, sin realizar todos los esfuerzos de cobranza establecidos por la ley (que suelen terminar en juicios o embargos, como podría ocurrirle al club Universidad de Chile). ¿Sabe usted lo que significan 264 mil millones de pesos? Es la mitad de lo que cuesta financiar toda la reforma al sistema de Salud en Chile (incluyendo el plan AUGE). Es un poco menos de lo que deben
todos los deudores del crédito universitario (270 mil millones), cuyos nombres aparecieron publicados en los diarios y a quienes se amenazó, si eran empleados públicos, con alejarlos del aparato del Estado. Es
cuatro veces más de lo que el Fisco entrega al programa Chile Solidario. De ahí que la conclusión de los auditores de Contraloría sea elocuente. Según ellos, el que en un número importante de deudas la
Tesorería ni siquiera haya iniciado los trámites de cobranza, se traduce "en un abandono parcial de funciones por parte del servicio recaudador (la Tesorería), al no dar cabal cumplimiento a su misión". Pero aquí no termina esta historia. Al "abandono de funciones" hay que sumar la honorable lista de perdonados. Una suerte de mesa de Te Club (por lo largo) en la que confluyen empresas de los grupos Matte, Piñera, Angellini y Claro; junto a compañías mineras de consorcios extranjeros (Disputada, El Abra); bancos y corredores de bolsa. Y también (ver recuadros) algunas empresas del Estado, como Codelco; o servicios dependientes, como el SERVIU y el SAG. Se trata de un perdonazo amplio y consensuado, como una mesa de diálogo. En el caso de los privados, hablamos de los grupos empresariales más influyentes de este país (entre cuyas cabezas están Eliodoro Matte, Sebastián Piñera, Anacleto Angelini, Ricardo Claro). Con miles de trabajadores y utilidades millonarias. Veamos por ejemplo el caso de los Matte. A cuatro empresas del holding (CMPC Tissue SA, CMPC S.A, CMPC Productos Tissue S.A y Forestal Mininco) se le declaran
prescritas deudas por un total de 2 mil 876 millones de pesos.
----0-----
NO A LA KIEBRA DE LA U!!!
EMPRESA NUNKA!!!, SOLO LAS PUTAS DE PEDREROS
