Dos querellas criminales por el delito de estafa presentó en tribunales el abogado Jaime Araya Guerrero en representación de 17 personas presuntamente engañadas por un funcionario de Ejército, quien habría simulado un proceso de enajenación de departamentos institucionales para apropiarse del dinero de sus víctimas.
Los hechos que dieron origen a la presentación se produjeron entre septiembre de 2006 y mayo de 2008, periodo en el cual el querellado (un sargento 1º) habría tomado contacto con diversas personas para ofrecerles propiedades en Villa Lenox, frente al Terminal Pesquero, y en el complejo habitacional ubicado en calle O'Higgins esquina Salvador Reyes (ex Regimiento Esmeralda).
Según explicó el abogado querellante, el uniformado decía a sus víctimas que las viviendas iban a ser vendidas a un valor de 850 UF (poco más de $ 17.500.000) y que para acceder a ellas los interesados debían cancelar una suma de dinero a modo de reserva.
EFECTIVO
Tales adelantos oscilaban entre los $ 400.000 y $ 1.200.000, dinero que era pagado en efectivo o cheque al propio querellado en algún lugar previamente acordado, por ejemplo, el frontis de la Intendencia.
"El los citaba para que le entregaran la plata y cuando las personas le pedían algún comprobante, este señor les decía que debían acudir a su oficina a retirar el recibo", recalcó Araya. De acuerdo a la denuncia , el sargento se presentaba ante sus víctimas vistiendo uniforme militar y la entrega de los comprobantes de pago se realizaba en dependencias de la Primera División de Ejército, todo lo cual hacía más creíble el engaño.
Jaime Araya dijo que la estafa quedó en evidencia cuando el sargento comenzó a solicitar pagos adicionales a algunas de las personas que ya habían hecho la reserva.
A ello hay que sumar que varios de los "compradores" tuvieron problemas o simplemente no pudieron contactar al sargento cuando quisieron solicitar los documentos necesarios para tramitar sus créditos hipotecarios.
VICTIMAS
La primera de las querellas por la supuesta estafa fue interpuesta el 10 de septiembre en representación de una microempresaria que pagó $ 800.000 por la reserva de un departamento en el ex Regimiento Esmeralda. Dos días más tarde (el 12 de septiembre) el abogado Jaime Araya interpuso una segunda querella criminal, esta vez en representación de 16 personas que aseguran haber sido estafadas por el mismo funcionario.
Si bien en la presentación judicial se indica que los afectados son "particulares" y "funcionarios públicos", se sabe que entre estos últimos figura personal activo de Carabineros y del propio Ejército.
FISCALIA
En cuanto a los montos comprometidos en la presunta estafa, el abogado estimó que fácilmente superan los $ 10.000.000, cifra que podría aumentar bastante si siguen apareciendo nuevos afectados. En este sentido, Jaime Araya adelantó que en las últimas horas tomó contacto con otras personas que alegan haber entregado dinero en idénticas circunstancias.
Las querellas criminales fueron acogidas a tramitación por el Juzgado de Garantía, organismo que junto con remitir los antecedentes al Ministerio Público, debe fijar audiencia para formalizar investigación en contra del funcionario militar inculpado.
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Original en diario El Mercurio de Antofagasta, martes 16 de septiembre de 2008, página A-2
