La Justicia estimó que la institución efectivamente cometió una infracción a la ley siendo condenada al pago de una multa de 10 UTM.

La sentencia confirma que los estudiantes de educación superior tienen derechos y que las instituciones no pueden hacer cambios importantes en las condiciones ofrecidas arbitrariamente.

Recuerde además que las condiciones objetivas anunciadas por estas instituciones, se transforman en parte del contrato. Por lo tanto, ante cualquier promesa o anuncio de una institución educacional, los consumidores pueden exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si promete una biblioteca, salas con computadores o determinada infraestructura, debe cumplirlo.

Francisco Javier Pastenes eligió estudiar Periodismo en la Universidad de Las Américas atraído por la oferta de una mención en Economía y Empresas que incluía la carrera. Pero en 2006, se encontró con la sorpresa de que se había cambiado la malla curricular eliminando esa especialidad.

Como no encontró respuesta satisfactoria en la universidad tras su reclamo, decidió recurrir a SERNAC, organismo que tras una mediación desfavorable, denunció los hechos a la Justicia.

Durante el proceso, la institución rechazó los cargos argumentando que el reglamento académico indicaba que la universidad podía cambiar los planes y programas de estudio si así lo aconsejaba el avance científico y/o tecnológico, o así lo estimaran académicamente las autoridades. Por lo tanto, todo cambio es aceptado por el alumno al firmar el contrato.

No obstante, el juez consideró que la universidad al realizar un cambio sustancial en la malla curricular de la carrera de periodismo eliminando una mención, no respetó los términos y condiciones ofrecidos al alumno.

Asimismo, el tribunal de segunda instancia confirmó que los contratos de educación están sujetos a la ley del consumidor cada vez que el establecimiento altere sustancialmente en forma arbitraria las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes cuando se ingresa a una carrera.

Tras la denuncia interpuesta por Francisco Javier Pastenes, el tribunal de segunda instancia confirmó que los contratos de educación están sujetos a la ley del consumidor cada vez que el establecimiento altere sustancialmente en forma arbitraria las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes cuando se ingresa a una carrera.

Por ello, estimó que la institución efectivamente cometió una infracción a la ley siendo condenada al pago de una multa de 10 UTM.

Esta sentencia confirma que las instituciones de educación superior no pueden hacer arbitrariamente cambios importantes en lo ofrecido al alumno y que deben respetar los términos y condiciones acordadas.

Los alumnos y sus apoderados tienen derecho a que los establecimientos educacionales cumplan lo que prometen y a recibir exactamente el servicio por el que pagaron. Asimismo, es su derecho recibir información veraz y oportuna antes de contratar cualquier servicio.

Recuerde además que las condiciones objetivas anunciadas por estas instituciones, se transforman en parte del contrato. Por lo tanto, ante cualquier promesa o anuncio de una institución educacional, los consumidores pueden exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si promete una biblioteca, salas con computadores o determinada infraestructura, debe cumplirlo.