MarquesVrolok
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Más de $30 mil millones pagaron en 2007 los nuevos dueños por la Universidad San Sebastián, demostrando que la que había nacido como una pequeña casa de estudios penquista con vocación de lucro, había logrado su objetivo. La primera parte de esta serie revela cómo se gestó el negocio, advertido como tal desde un comienzo por las autoridades, que lo dejaron crecer pese a que el lucro no está permitido. Las siguientes entregas detallan gruesas irregularidades y el rol de financista de campañas políticas de los accionistas de una universidad que está en el ojo de la justicia.
Un temporal de proporciones está azotando al llamado “Olimpo” de la Universidad San Sebastián (USS). Así le llaman al octavo piso de su casa central, en calle Pío Nono en Santiago, donde tienen sus oficinas el vicerrector Luis Cordero Barrera y también el “accionista” principal, Alejandro Pérez, quien fue durante 15 años gerente general de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), el ejecutivo más importante del Grupo Angelini.Los embates no sólo se relacionan con la reciente investigación judicial de la que es objeto el permiso de construcción de su imponente casa central (donde se ubica el “Olimpo”), el que se habría obtenido por medio de cohecho al hoy condenado director de Obras de la Municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes Villalobos. A ello se suma el intempestivo anuncio de cierre de la sede de la USS en Osorno, la investigación tributaria que inició el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre sus cuentas y la indagación del Ministerio Público de sus transacciones financieras y acreditación institucional.
Lo descrito sitúa a Alejandro Pérez en el epicentro de varias irregularidades y posibles ilícitos investigados simultáneamente por la justicia. Su problema principal sigue siendo la forma en cómo se convirtió en el principal dueño de la USS. Esta es la primera parte de una serie en que CIPER encontró las escrituras que prueban cómo Alejandro Pérez y sus socios compraron en 2007 el principal paquete accionario de la USS en $30 mil millones, a través del traspaso de acciones de las dos sociedades controladoras: Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. Y también los documentos legales que muestran las transacciones realizadas para favorecer a sus empresas relacionadas y cómo han lucrado sus “dueños”, cobrando arriendos a precios que subían sin control y usando los pagos de aranceles de sus más de 20 mil estudiantes como aval para obtener millonarios préstamos de los bancos y así seguir expandiendo su negocio.
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